En México, durante el periodo de 2013 a 2018, 473 personas de las poblaciones LGBTIQPA fueron asesinadas; en promedio, 79 al año —de acuerdo con un Informe de la asociación civil Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana—. De estos casos, 261 fueron mujeres trans, que equivale a 55% del total; muchas de ellas tenían menos de 25 años, sus cuerpos fueron abandonados en la vía pública o en lotes baldíos y murieron por armas de fuego.
El año pasado, en 2019, ya con el nuevo gobierno, la misma asociación civil registró el asesinato en nuestro país de 117 personas de las poblaciones de la diversidad sexual y de género, de quienes 64 fueron mujeres trans, igualmente casi 55%.
Por su parte, de acuerdo con el Centro de Apoyo a las Identidades Trans, entre 2007 y 2019 fueron asesinadas 544 mujeres trans, 13 en lo que va de 2020, y al menos cuatro entre marzo y abril, en tiempos de pandemia.
Activistas y organizaciones consideran que el número de homicidios de mujeres trans, recopilados por periódicos y organizaciones de la sociedad civil, representan solo la tercera parte de los casos reales, debido a que muchas víctimas fueron registradas como “varones vestidos como mujeres” y porque es muy frecuente que las familias nieguen la identidad de género de sus parientes.
Estas cifras documentan la brutal realidad de que México ocupa el segundo lugar en la comisión de crímenes de odio en América Latina, incluyendo aquellos cometidos contra mujeres trans. Esta labor, desde “abajo y horizontal”, suple los prejuicios de los ministerios públicos que continúan calificando estos asesinatos como “crímenes pasionales” o apenas como homicidios —solamente en 13 estados del país se añade como agravante el crimen de odio por motivo de la identidad u orientación sexual de las víctimas—, negando así que las víctimas son mujeres que enfrentaron la penalización social, cultural y judicial de vivirse mujeres.
Por eso, el asesinato de Paola Buenrostro, en septiembre de 2016, estableció un importante precedente al convirtirse, en 2019, en el primer caso reconocido por la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México como transfeminicidio, gracias a las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
Es fundamental destacar que enfrentar los transfeminicidios, es la lucha en contra de las violencias machistas y los feminicidios cometidos en contra de mujeres que vivieron como tales, aunque no fueron asignadas con esta categoría al nacer. Es también una lucha de las diversas mujeres que somos.
Por Angie Rueda Castillo, mujer feminista, mayor, lesbiana y trans
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